Aumento del salario mínimo en Colombia y su impacto en los servicios de seguridad privada: legalidad, profesionalismo y sostenibilidad

El incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para 2026 — que se ubicó en aproximadamente 2 millones de pesos con auxilio de transporte tras un ajuste cercano al 23 % — tiene repercusiones directas en los mercados laborales y en los sectores intensivos en mano de obra en Colombia. 


En el caso de la seguridad privada y vigilancia, el impacto es especialmente relevante debido a la estructura de costos del sector, donde la nómina representa entre el 80 % y el 90 % del gasto operativo. Además, la reciente normativa laboral que amplía los recargos nocturnos (desde las 7:00 p.m.) y la reducción de la jornada laboral incrementan los costos por turno, presionando aún más el valor del servicio. 


Normatividad vigente y tarifas mínimas de seguridad privada


La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fija anualmente las tarifas mínimas obligatorias para la contratación de servicios de vigilancia en Colombia, expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas tarifas sirven como base para garantizar que los proveedores del servicio cumplan con todas las obligaciones laborales, contractuales y de seguridad social descritas en la ley. 


Para 2026, estas tarifas se mantienen en un esquema de actualización progresiva (con incrementos previstos entre 2025 y 2027), con el objetivo de cubrir los costos laborales, operativos y de administración, así como garantizar el pago justo a los vigilantes. 


Efectos reales del aumento salarial en la seguridad privada


Gremios del sector estiman que, como consecuencia del ajuste al salario mínimo y la regulación laboral, el costo del servicio de vigilancia privada podría incrementarse en más de un 30% para 2026. Este aumento se traduce en tarifas más altas para los usuarios finales, incluyendo empresas, pymes, conjuntos residenciales y hogares que dependen de servicios profesionales de seguridad. El impacto del incremento salarial y los recargos adicionales está generando debate sobre la sostenibilidad de los modelos tradicionales de prestación del servicio y su cobertura en todo el país.


Legalidad y formalidad como pilares del servicio profesional


Es crucial entender que los incrementos de costos no son arbitrarios, sino que responden a marcos legales y regulatorios diseñados para proteger al trabajador y garantizar un servicio responsable y de calidad. La seguridad privada en Colombia se rige por normas que obligan al cumplimiento de obligaciones laborales, pago de prestaciones sociales, cargas parafiscales, seguridad social y condiciones dignas de trabajo para todo el personal de vigilancia.


Contratar servicios por debajo de las tarifas mínimas o recurrir a proveedores informales puede exponer a las empresas a incumplimientos legales, sanciones y altos riesgos operativos, especialmente cuando se trata de resguardar bienes, instalaciones o personas. Por eso, un servicio formal no solo cumple con el marco legal, sino que también protege la inversión, mitiga riesgos y garantiza confiabilidad.


Seguridad profesional: más allá del precio


El aumento en el costo de los servicios debe verse como parte de un compromiso con la calidad, la protección de los derechos laborales y la formalidad del sector. Un proveedor profesional de seguridad privada:


  • Cumple estrictamente con las tarifas mínimas fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
  • Garantiza que los vigilantes cuenten con condiciones laborales justas, prestaciones completas y beneficios de ley.
  • Ofrece procesos de selección, formación y supervisión que mejoran la efectividad del servicio.
  • Integra tecnología, procedimientos y protocolos que potencian la seguridad física y electrónica.


Estos factores permiten entregar un servicio con valor agregado, transparencia y respaldo legal, lo cual es indispensable en un entorno donde la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de hogares y empresas.


Conclusión: sostenibilidad y cumplimiento normativo en seguridad privada


El debate sobre los ajustes al salario mínimo y los costos asociados a la seguridad privada en Colombia debe abordarse desde una perspectiva técnica, legal y profesional. Aunque los aumentos generan presión sobre los presupuestos, también representan una oportunidad para fortalecer la formalidad, mejorar las condiciones laborales y elevar la calidad del servicio.


Contratar seguridad privada formal y profesional —más allá del precio— significa proteger a las personas, los activos y garantizar la operación continua de organizaciones de todos los tamaños, con el respaldo de la ley, estándares de calidad y prácticas éticas en un contexto económico desafiante.


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24 de agosto de 2026
La integración de aeronaves no tripuladas representa un nuevo paso en la evolución de la seguridad. En Sevicol avanzamos en el proceso de certificación como Explotador UAS bajo el RAC 100 de la Aeronáutica Civil, fortaleciendo nuestras capacidades para incorporar soluciones aéreas dentro de nuestro modelo de seguridad integral. Cuando la tecnología se convierte en una nueva capacidad de seguridad La seguridad enfrenta actualmente desafíos que requieren soluciones cada vez más especializadas, capaces de ampliar la capacidad de observación, generar información oportuna y apoyar la toma de decisiones. En este contexto, los drones —o aeronaves no tripuladas (UAS)— se han convertido en una herramienta con un importante potencial para complementar las operaciones de seguridad y vigilancia. Para Sevicol, incorporar esta tecnología no significa simplemente sumar una nueva herramienta. Significa continuar evolucionando hacia un modelo de seguridad integral, en el que el talento humano, la tecnología, la información y la gestión de riesgos trabajan de manera articulada. Por esta razón, la compañía adelanta ante la Aeronáutica Civil el proceso de certificación como Explotador UAS bajo el RAC 100, marco que establece los requisitos aplicables a la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas. Un proceso que exige preparación, control y capacidad operacional El proceso de certificación contempla diferentes etapas que permiten demostrar ante la autoridad la capacidad de la organización para desarrollar operaciones UAS de manera estructurada. En el caso de Sevicol, ya fueron superadas las tres primeras fases del proceso: la etapa de pre-solicitud, la evaluación documental y la inspección y demostración operacional. Esta última incluyó una visita de inspección realizada entre el 22 y el 26 de junio de 2026, durante la cual se realizaron pruebas operacionales sobre tres aeronaves. La demostración permitió evaluar diferentes aspectos de la operación, entre ellos la planeación de las misiones, documentación, navegación, autonomía, telemetría, enlace de mando y control, así como procedimientos de contingencia y recuperación de las aeronaves. Este proceso refleja que la incorporación de drones a una operación de seguridad requiere mucho más que disponer de equipos tecnológicos: demanda procedimientos, talento especializado, gestión de riesgos, mantenimiento, protocolos de seguridad y capacidad para responder ante diferentes escenarios operacionales. ¿Qué aporta esta tecnología a la seguridad integral? La utilización de drones puede ampliar las capacidades de vigilancia y monitoreo al permitir obtener una perspectiva aérea de determinados entornos y situaciones. Integrados adecuadamente a una estrategia de seguridad, estos sistemas pueden contribuir a: Ampliar la capacidad de monitoreo en áreas extensas o de difícil acceso. Obtener información desde una perspectiva aérea para apoyar el análisis de situaciones de riesgo. Fortalecer la capacidad de anticipación, proporcionando información que contribuya a identificar condiciones o comportamientos que requieran atención. Apoyar la toma de decisiones mediante información obtenida en campo. Complementar el trabajo del personal de seguridad, integrando capacidades humanas y tecnológicas. Generar nuevas posibilidades operacionales para atender necesidades específicas de los clientes. La verdadera importancia está en la integración. Un dron por sí solo no constituye una solución de seguridad; su valor aumenta cuando forma parte de una estrategia en la que convergen personas, procesos, tecnología, información y gestión de riesgos. Del uso de drones a una operación estructurada Uno de los aspectos más relevantes del proceso que adelanta Sevicol es precisamente la estructuración de una capacidad operacional bajo los requisitos establecidos por la autoridad aeronáutica. La Fase 4 del proceso contempla la viabilidad administrativa y financiera necesaria para avanzar hacia la emisión del Certificado de Operación (CDO), incluyendo aspectos relacionados con la estructura organizacional, estudio de mercado, proyecciones financieras y demás documentación requerida por la Aeronáutica Civil. Esto representa un paso fundamental para consolidar una operación de UAS que pueda integrarse de manera organizada a las capacidades de la compañía. Tecnología que complementa el talento humano En Sevicol entendemos la tecnología como un habilitador de la seguridad, no como un sustituto del talento humano. La experiencia de nuestros colaboradores, el conocimiento especializado y la capacidad de análisis siguen siendo fundamentales para interpretar la información, gestionar los riesgos y tomar decisiones. Los drones se incorporan a esta visión como una herramienta que puede ampliar las capacidades existentes y generar nuevas alternativas para enfrentar los desafíos de seguridad. Esta integración responde a una evolución natural de nuestro modelo: pasar de una seguridad basada exclusivamente en la presencia física a una seguridad conectada, tecnológica, preventiva y orientada a la gestión integral del riesgo. Un nuevo paso en la evolución de Sevicol El avance en la certificación RAC 100 hace parte de una visión más amplia de transformación e innovación que busca preparar a Sevicol para los nuevos desafíos de la seguridad. Superar la inspección operacional y avanzar hacia la fase final del proceso representa un hito importante para la organización. El siguiente paso consiste en consolidar y radicar la documentación administrativa y financiera requerida para continuar con el trámite ante la Aeronáutica Civil y avanzar hacia la emisión del CDO. Más que incorporar una nueva tecnología, estamos desarrollando una nueva capacidad. Porque la seguridad del futuro requiere anticiparse, integrar conocimiento y aprovechar la tecnología para proteger mejor. En Sevicol seguimos evolucionando para ofrecer soluciones de seguridad cada vez más integrales, innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Sevicol | Somos más que seguridad.
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