Aumento del salario mínimo en Colombia y su impacto en los servicios de seguridad privada: legalidad, profesionalismo y sostenibilidad

El incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para 2026 — que se ubicó en aproximadamente 2 millones de pesos con auxilio de transporte tras un ajuste cercano al 23 % — tiene repercusiones directas en los mercados laborales y en los sectores intensivos en mano de obra en Colombia. 

En el caso de la seguridad privada y vigilancia, el impacto es especialmente relevante debido a la estructura de costos del sector, donde la nómina representa entre el 80 % y el 90 % del gasto operativo. Además, la reciente normativa laboral que amplía los recargos nocturnos (desde las 7:00 p.m.) y la reducción de la jornada laboral incrementan los costos por turno, presionando aún más el valor del servicio. 

Normatividad vigente y tarifas mínimas de seguridad privada

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fija anualmente las tarifas mínimas obligatorias para la contratación de servicios de vigilancia en Colombia, expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas tarifas sirven como base para garantizar que los proveedores del servicio cumplan con todas las obligaciones laborales, contractuales y de seguridad social descritas en la ley. 

Para 2026, estas tarifas se mantienen en un esquema de actualización progresiva (con incrementos previstos entre 2025 y 2027), con el objetivo de cubrir los costos laborales, operativos y de administración, así como garantizar el pago justo a los vigilantes. 

Efectos reales del aumento salarial en la seguridad privada

Gremios del sector estiman que, como consecuencia del ajuste al salario mínimo y la regulación laboral, el costo del servicio de vigilancia privada podría incrementarse en más de un 30% para 2026. Este aumento se traduce en tarifas más altas para los usuarios finales, incluyendo empresas, pymes, conjuntos residenciales y hogares que dependen de servicios profesionales de seguridad. El impacto del incremento salarial y los recargos adicionales está generando debate sobre la sostenibilidad de los modelos tradicionales de prestación del servicio y su cobertura en todo el país.

Legalidad y formalidad como pilares del servicio profesional

Es crucial entender que los incrementos de costos no son arbitrarios, sino que responden a marcos legales y regulatorios diseñados para proteger al trabajador y garantizar un servicio responsable y de calidad. La seguridad privada en Colombia se rige por normas que obligan al cumplimiento de obligaciones laborales, pago de prestaciones sociales, cargas parafiscales, seguridad social y condiciones dignas de trabajo para todo el personal de vigilancia.

Contratar servicios por debajo de las tarifas mínimas o recurrir a proveedores informales puede exponer a las empresas a incumplimientos legales, sanciones y altos riesgos operativos, especialmente cuando se trata de resguardar bienes, instalaciones o personas. Por eso, un servicio formal no solo cumple con el marco legal, sino que también protege la inversión, mitiga riesgos y garantiza confiabilidad.

Seguridad profesional: más allá del precio

El aumento en el costo de los servicios debe verse como parte de un compromiso con la calidad, la protección de los derechos laborales y la formalidad del sector. Un proveedor profesional de seguridad privada:

• Cumple estrictamente con las tarifas mínimas fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
• Garantiza que los vigilantes cuenten con condiciones laborales justas, prestaciones completas y beneficios de ley.
• Ofrece procesos de selección, formación y supervisión que mejoran la efectividad del servicio.
• Integra tecnología, procedimientos y protocolos que potencian la seguridad física y electrónica.

Estos factores permiten entregar un servicio con valor agregado, transparencia y respaldo legal, lo cual es indispensable en un entorno donde la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de hogares y empresas.

Conclusión: sostenibilidad y cumplimiento normativo en seguridad privada

El debate sobre los ajustes al salario mínimo y los costos asociados a la seguridad privada en Colombia debe abordarse desde una perspectiva técnica, legal y profesional. Aunque los aumentos generan presión sobre los presupuestos, también representan una oportunidad para fortalecer la formalidad, mejorar las condiciones laborales y elevar la calidad del servicio.

Contratar seguridad privada formal y profesional —más allá del precio— significa proteger a las personas, los activos y garantizar la operación continua de organizaciones de todos los tamaños, con el respaldo de la ley, estándares de calidad y prácticas éticas en un contexto económico desafiante.